Síntesis del Problema

La extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el país demuestran que no se trata de un fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política, sino que estamos ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan los códigos morales más profundos.

La primera reacción ante este alud de corrupción es poner en entredicho la eficacia de los organismos de control y del sistema judicial. Pero aunque el papel de estas instituciones es muy importante, hay que notar que su actuación tiene ciertos límites y se reduce a los hechos cumplidos: estas entidades no hacen mucho en la prevención y poco o nada a la hora de combatir las raíces sociales del problema.

Empecemos por entender las etapas del desarrollo moral, que consiste en avanzar de una concepción centrada en el interés personal hacia el reconocimiento cada vez más extenso de los derechos ajenos. 

El proceso de desarrollo moral es acumulativo, o sea que el reconocimiento de los derechos se va ampliando sin excluir los referentes anteriores. Pero no todos los niños ni en todas las culturas se completan el proceso, de modo que la moralidad de muchas personas adultas corresponde a las etapas iniciales. Los niveles superiores de esta escala (mundo y cosmocéntrico) son esenciales para fundamentar una moral genuinamente interesada por los temas ambientales, por ejemplo. Y en el nivel teocéntrico, el individuo necesita al menos abordar el país como un todo para fundamentar una moralidad genuinamente preocupada por la corrupción. Aquí es donde está el problema: muy pocas personas alcanzan el nivel teocéntrico ampliado. Es decir, a pocos les importa el país como un todo. Veamos por qué.

País dividido

Para empezar, consideremos el origen de nuestra estructura social. Esta proviene de la Conquista española, la cual entronizó una jerarquía de castas fundamentada en la pureza racial durante más de tres siglos. La Independencia, auspiciada por los criollos blancos, llevó a la abolición formal de las castas, pero no acabó las prácticas sociales de exclusión o discriminación por razones de sangre. Esto implicó la persistencia de sistemas de relaciones de dependencia personal, lo cual ha impedido el desarrollo de una solidaridad nacional democrática, elemento esencial para una moral colectiva genuina. Más bien, la solidaridad se ha ejercido dentro de redes familiares y de clientelismo, que son muy limitadas. La otra cara de la moneda ha sido el elitismo que dicha jerarquía entraña y que implica un sentido de privilegio, de no estar sometido a reglas. Por eso se han acuñado refranes como “la ley es para los de ruana”. Esto es importante, porque los estratos altos y medio-altos son los mayores agentes de la corrupción en Colombia. Desde luego, se encuentra la criminalidad más abierta en los estratos inferiores, pero esta nace en parte de las dificultades de acceso a las oportunidades económicas. El tránsito hacia una economía de mercado, que se dio en el país mientras se mantenía la estructura anterior, significó la creciente intensificación de un nuevo criterio de éxito: el económico. La individualizan que conllevaba esta visión de éxito se ha traducido en el abandono progresivo de los valores tradicionales que daban prioridad a la lealtad y a la obediencia. Esta erosión de valores implicó el regreso desde niveles teocéntricos más amplios a unos menos amplios, hasta llegar al nivel puramente egocéntrico.

Por otra parte, la conformación física del país (compuesta por regiones separadas, heterogéneas y con precarias vías de comunicación) dio lugar a una nación fragmentada donde los “otros” no están articulados con el centro. Por ejemplo, en lo simbólico, apenas hacia 1920 el país tuvo oficialmente un himno nacional. Y tampoco contribuyó a la integración la persistencia del conflicto armado.

Ligado a lo anterior aparece la ausencia de un Estado con la fortaleza suficiente para garantizar el reinado de la ley y la responsabilidad política de los elegidos (especialmente en la periferia). Tal como lo han mostrado, entre otros, los trabajos de Fernán González, Alejandro Reyes y Francisco Gutiérrez, lo que ha existido históricamente es un acomodo entre élites nacionales, regionales y locales: las primeras conceden a las segundas un amplio grado de autonomía a cambio de su respaldo.

Esta fragmentación mina por completo la independencia y efectividad de las escasas y débiles instituciones nacionales, estimula el clientelismo y permite la corrupción. Por ejemplo, muy recientemente el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, habló de este fenómeno en referencia a la adjudicación y realización de obras.

Por otra parte, el limitado crecimiento económico del país y la concentración de sus beneficios han significado niveles de apenas subsistencia para la mayoría de colombianos. Como ha explicado el psicólogo Abraham Maslow, esta precariedad en las condiciones de vida obliga a concentrar la atención en satisfacer las necesidades más básicas, pero no permite pensar en los niveles superiores, donde se fundamentan la moralidad y la solidaridad.

¿Se puede hacer algo?

Sin duda, los grandes cambios sociales del último siglo han incidido sobre los patrones de la moralidad, y en algunos contextos o sentidos han ayudado a crear nuevas solidaridades integradoras. Por ejemplo, la concentración demográfica en centros urbanos, la industrialización, el cambio tecnológico, la generalización de la educación y el desarrollo de los medios de comunicación (hasta llegar a internet). A esto se suman la expansión demográfica y el rejuvenecimiento de la población.

Todo esto constituye el fundamento de una nueva esfera de opinión pública crecientemente crítica, cuya presencia e impacto se muestra en la cada vez mayor censura popular no solo a la corrupción y la criminalidad, sino al irrespeto de los derechos fundamentales, de género y de los animales, entre otros. No obstante, la mayoría de colombianos viven todavía marcados por relaciones de dependencia personal, en condiciones no muy alejadas de la subsistencia y con solidaridades ancladas primariamente en redes familiares extendidas, lo cual inhibe el desarrollo de una moral universal. Solamente el crecimiento de una clase media próspera, segura e independiente puede fortalecer la capacidad moral.

La intensificación mundial del capitalismo neoliberal viene imponiendo modos de vida caracterizados por la primacía del consumo, el cual tiene un referente esencialmente privado e individual que erosiona los valores y las solidaridades más amplias. En tal sentido, el capitalismo actual auspicia una regresión a identidades ancladas en lo egocéntrico. Lo mismo hace las tendencias de concentración del ingreso y de la riqueza, especialmente fuertes en países como Colombia. Esta situación refleja la gran dificultad para interiorizar las normas de equidad en sociedades permeadas por la injusticia. Las dificultades de una moral incluyente se reflejan, por ejemplo, en el escaso rechazo de los condenados y señalados por corrupción dentro de sus comunidades. 

Esto se manifiesta asimismo en la tranquilidad con la cual estos hacen despliegue público de sus riquezas. En ausencia de una moral de base amplia, el Estado es percibido como un botín, una fuente de la cual hay que aprovecharse si la oportunidad lo permite. Y el sector privado no escapa a tendencias similares. Sin duda, las dificultades para acceder a canales alternativos de movilidad social pesan en este problema, como también pesa el anhelo desbordado de riqueza fácil. Mientras no entendamos, reconozcamos y actuemos frente a estas raíces sociales y psicológicas de la corrupción, difícilmente habrá avances sostenibles en su contención. Desde luego, mejorar la actuación de las autoridades de sanción y prevención es muy importante. Pero es fundamental construir una moralidad ciudadana más amplia a través de enfoques de formación inteligentes con didácticas apropiadas para todas las dimensiones involucradas: socioeconómicas, cognitivas, emocionales y valorativas.